En la edición pasada, un buen excompañero de trabajo, David Gamboa, me respondía que en cuanto a la situación de pagar o no la tenencia y la respuesta de la autoridad a las necesidades de la ciudadanía, tenían en mucho su fundamento en la pésima distribución del gasto público, en buena medida desde la óptica de sueldos muy altos para determinados funcionarios y por supuesto que no son coherentes a los ojos de la ciudadanía en general, respecto los salarios a los que tienen acceso dichos ciudadanos.
Por desgracia es un hecho que nuestras autoridades en cualquier estado, que no necesariamente en cualquier Municipio pero si al menos en los grandes (arriba de 500 mil habitantes me parece) y por supuesto a nivel federal, los altos puestos, digamos de directores (en ocasiones) hasta directores generales, adjuntos, subsecretarios, coordinadores y por supuesto secretarios, ejecutivos (Presidente de la República, Gobernadores, Presidente Municipal) así como legisladores y jueces (el Poder Judicial Federal tiene otro tipo de estructura con buenos salarios en una buena cantidad de cargos), regularmente reciben percepciones, que “pretenden equiparar” a los de altos directivos en las grandes empresas del País, fundamentados en que las responsabilidades con que cuentan, son de igual o mayor jerarquía. La cuestión sería quizá sí aceptar el argumento, pero criticar si cumplen o no con dichas responsabilidades. Vamos, una cuestión es ir a trabajar y otra muy diferente es trabajar de hecho. Y eso si van a trabajar (por los legisladores que ni se aparecen en el Congreso) y los jueces que en muchas audiencias no están presentes cuando por Ley deberían.
Es mi parecer que sería un buen ejercicio plantear por Ley un par de aspectos prácticos que permitan fijar salarios a los funcionarios públicos que si bien sea digno, también brinden a la ciudadanía la certeza de que lo que se paga se retorna en el servicio público que esperamos. No olvidemos que vivimos en una República y si bien suena teórico, legalmente lo es… aquí el patrón es la ciudadanía y el empleado el gobierno. Lo malo es que por los hechos, quien “agacha” la cabeza, siempre es el ciudadano.
Primero, sin señalar que éste País se basa en el poder de un solo hombre (presidencialismo), el Presidente de la República sí es el cargo con mayor responsabilidad real, legal y moral en el País, y por ende debería ser la persona que mayores percepciones pudiera recibir en la estructura de gobiernos, incluyendo no solo los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y las tres esferas (federal, estatal y municipal), sino también órganos autónomos, desconcentrados, descentralizados y por supuesto paraestatales. Por ende, gobernadores como el de Aguascalientes debería quedar imposibilitado de tener un salario superior al del Presidente de la República; para 2009, el Gobernador de Aguascalientes, Ing. Luis Armando Reynoso Femat, gana $312,403 pesos mensuales, cuando el Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, gana $277,423.33 pesos mensuales (montos brutos incluyendo prestaciones mensualizadas). Con todo el respeto para el Estado de Aguascalientes y sus ciudadanos, así como su actividad económica, no creo que sea racional dicha prestación respecto ningún indicador económico donde pudiera justificarse el sueldo de su gobernante.
Un aspecto crucial a realizar p[ara fijar el precio tope, podría basarse en un estudio económico de fijación de salarios, no siendo asignados a “como quieran las autoridades”, sino respecto a lo que un modelo económico probado arroje.
Por otra parte, se debe reconocer que el rango de ingresos de las personas con mayor responsabilidad, a) tiene viabilidad de ser alto, pero correlacionado con la contraparte de incumplimiento donde b) pueda también recibir sanciones suficientemente equiparables en caso de incumplir su función. Y es que la legislación de responsabilidad de funcionarios públicos, si bien en realidad es más dura de lo que aparenta, también la apariencia a ojos de la ciudadanía es que un funcionario público no hace su trabajo y no hay consecuencias jurídicas contra esa conducta ilegal; esto es, no hay sanción por no hacer su trabajo.
Por lo anterior, creo que sería bueno verificar si realmente nuestras autoridades ganan lo correspondiente y en su caso si cumplen su trabajo para ganarlo. Por supuesto, que dado que esto es un asunto altamente político, los grupos contrarios siempre argumentarán incumplimiento, por lo que reglas claras de medición de resultados deberían ir apegados al menos a los cargos más altos y por supuesto, estos ser el tope de ingresos de cada área gubernamental. Claro que habrá quien me critique que proponga fijación de precios tope, cuando es algo que comúnmente crítico respecto las teorías de libre mercado. Mi respuesta: gobierno no es un efecto de mercado.
En cuanto al poder judicial, es un sector sobre todo a nivel federal, muy delicado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, regularmente argumenta que dado que son un tercer poder de la Unión (el Estado Mexicano), son autónomos, que no independientes, al Congreso y al Ejecutivo. Por ende, en materia salarial, solo ellos pueden definir qué hacer con sus recursos. Me parece una posición abusiva, y por lo tanto, sujeta a que empleando el ejemplo que propongo al legislativo, se genere una Ley federal de emolumentos; que a su vez, sea general en cuanto a ser concebidos como referentes máximos para las entidades federativas y sus tres poderes.
Ciertamente, cabe destacar, que en materia de distribución presupuestal, regularmente el poder menos favorecido, es el judicial. Esto es natural, cuando uno verifica la cantidad de empleados que requiere el sector educativo, salubridad, etc. Pero si bien, se plantea reasignar recursos al poder judicial, estos no deberán ser auto-asignados por los jueces existentes, sino incrementar la planta de juzgados para impartir justicia de manera eficaz y pronta. Hoy en día, un juicio mercantil te puede llevar años literalmente resolverlo. Lo que menos necesita un empresario a parte de perder juicios, es perder su tiempo. Por ende, la inversión se inhibe en este País. Ahora, tampoco hay que exagerar al estilo Chihuahua, donde ahora las averiguaciones previas son tan sumarias, que los presuntos responsables de delitos, ni la cárcel tocan, menos son enjuiciados, y si cabe, solo les aplican una fianza, aún robando con lujo de violencia. En fin; otros problemas ciertamente.
Ahora bien, otro sector que genera una alta incertidumbre respecto al manejo del dinero público, es el legislativo. Incluso corre por Internet un mensaje en video por parte del Presidente la Cámara Nacional de Comercio de Mexicali, Baja California, criticando los altos aguinaldos auto-asignados por los legisladores. Este sector concibe que dado que en ocasiones quedan remanentes presupuestales, se los pueden repartir como si ellos fuesen los socios de una sociedad mercantil y no comprendan que solo son representantes de los verdaderos socios que somos los mexicanos. Por lo tanto, incluso desde mi óptica, a un Congreso se le debería asignar por Ley, emolumentos por los tres años que dura su encargo, con posibilidades de aumento respecto inflación únicamente. Para el caso del Senado, un esquema similar podría aplicarse. De esa manera, podríamos empezar al menos en el costo de “mano de obra” a preveer hacia 3 o incluso 6 años, el costo para la operación económica llamada México para esta empresa que es de todos nosotros… ¿cómo ven?
Al final, lo cierto es que la cuestión salarial siempre será criticable cuando se compara entre gobiernos y el sector privado; sin embargo, me parece que en el entorno actual donde la gente día a día se da cuenta de que no hay partido político que garantice ser gobierno eficaz para sus intereses, es precisamente tarea de los partidos hacia sus representantes legislativos, delinear y negociar reglas más claras para efectos de ser convincentes respecto los emolumentos que reciben las autoridades, donde si bien no se trastoquen elementos fundamentales como la autonomía de los poderes (ejecutivo-legislativo-judicial), si nos permitan a los ciudadanos percibir de mejor manera que la asignación de sueldos es justa, o cercano a ese concepto y que realmente haya sanciones en contra de quien incumple, al menos de manera clara, su función.
¡Sin más por el momento, les envío un saludo!
Por desgracia es un hecho que nuestras autoridades en cualquier estado, que no necesariamente en cualquier Municipio pero si al menos en los grandes (arriba de 500 mil habitantes me parece) y por supuesto a nivel federal, los altos puestos, digamos de directores (en ocasiones) hasta directores generales, adjuntos, subsecretarios, coordinadores y por supuesto secretarios, ejecutivos (Presidente de la República, Gobernadores, Presidente Municipal) así como legisladores y jueces (el Poder Judicial Federal tiene otro tipo de estructura con buenos salarios en una buena cantidad de cargos), regularmente reciben percepciones, que “pretenden equiparar” a los de altos directivos en las grandes empresas del País, fundamentados en que las responsabilidades con que cuentan, son de igual o mayor jerarquía. La cuestión sería quizá sí aceptar el argumento, pero criticar si cumplen o no con dichas responsabilidades. Vamos, una cuestión es ir a trabajar y otra muy diferente es trabajar de hecho. Y eso si van a trabajar (por los legisladores que ni se aparecen en el Congreso) y los jueces que en muchas audiencias no están presentes cuando por Ley deberían.
Es mi parecer que sería un buen ejercicio plantear por Ley un par de aspectos prácticos que permitan fijar salarios a los funcionarios públicos que si bien sea digno, también brinden a la ciudadanía la certeza de que lo que se paga se retorna en el servicio público que esperamos. No olvidemos que vivimos en una República y si bien suena teórico, legalmente lo es… aquí el patrón es la ciudadanía y el empleado el gobierno. Lo malo es que por los hechos, quien “agacha” la cabeza, siempre es el ciudadano.
Primero, sin señalar que éste País se basa en el poder de un solo hombre (presidencialismo), el Presidente de la República sí es el cargo con mayor responsabilidad real, legal y moral en el País, y por ende debería ser la persona que mayores percepciones pudiera recibir en la estructura de gobiernos, incluyendo no solo los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y las tres esferas (federal, estatal y municipal), sino también órganos autónomos, desconcentrados, descentralizados y por supuesto paraestatales. Por ende, gobernadores como el de Aguascalientes debería quedar imposibilitado de tener un salario superior al del Presidente de la República; para 2009, el Gobernador de Aguascalientes, Ing. Luis Armando Reynoso Femat, gana $312,403 pesos mensuales, cuando el Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, gana $277,423.33 pesos mensuales (montos brutos incluyendo prestaciones mensualizadas). Con todo el respeto para el Estado de Aguascalientes y sus ciudadanos, así como su actividad económica, no creo que sea racional dicha prestación respecto ningún indicador económico donde pudiera justificarse el sueldo de su gobernante.
Un aspecto crucial a realizar p[ara fijar el precio tope, podría basarse en un estudio económico de fijación de salarios, no siendo asignados a “como quieran las autoridades”, sino respecto a lo que un modelo económico probado arroje.
Por otra parte, se debe reconocer que el rango de ingresos de las personas con mayor responsabilidad, a) tiene viabilidad de ser alto, pero correlacionado con la contraparte de incumplimiento donde b) pueda también recibir sanciones suficientemente equiparables en caso de incumplir su función. Y es que la legislación de responsabilidad de funcionarios públicos, si bien en realidad es más dura de lo que aparenta, también la apariencia a ojos de la ciudadanía es que un funcionario público no hace su trabajo y no hay consecuencias jurídicas contra esa conducta ilegal; esto es, no hay sanción por no hacer su trabajo.
Por lo anterior, creo que sería bueno verificar si realmente nuestras autoridades ganan lo correspondiente y en su caso si cumplen su trabajo para ganarlo. Por supuesto, que dado que esto es un asunto altamente político, los grupos contrarios siempre argumentarán incumplimiento, por lo que reglas claras de medición de resultados deberían ir apegados al menos a los cargos más altos y por supuesto, estos ser el tope de ingresos de cada área gubernamental. Claro que habrá quien me critique que proponga fijación de precios tope, cuando es algo que comúnmente crítico respecto las teorías de libre mercado. Mi respuesta: gobierno no es un efecto de mercado.
En cuanto al poder judicial, es un sector sobre todo a nivel federal, muy delicado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, regularmente argumenta que dado que son un tercer poder de la Unión (el Estado Mexicano), son autónomos, que no independientes, al Congreso y al Ejecutivo. Por ende, en materia salarial, solo ellos pueden definir qué hacer con sus recursos. Me parece una posición abusiva, y por lo tanto, sujeta a que empleando el ejemplo que propongo al legislativo, se genere una Ley federal de emolumentos; que a su vez, sea general en cuanto a ser concebidos como referentes máximos para las entidades federativas y sus tres poderes.
Ciertamente, cabe destacar, que en materia de distribución presupuestal, regularmente el poder menos favorecido, es el judicial. Esto es natural, cuando uno verifica la cantidad de empleados que requiere el sector educativo, salubridad, etc. Pero si bien, se plantea reasignar recursos al poder judicial, estos no deberán ser auto-asignados por los jueces existentes, sino incrementar la planta de juzgados para impartir justicia de manera eficaz y pronta. Hoy en día, un juicio mercantil te puede llevar años literalmente resolverlo. Lo que menos necesita un empresario a parte de perder juicios, es perder su tiempo. Por ende, la inversión se inhibe en este País. Ahora, tampoco hay que exagerar al estilo Chihuahua, donde ahora las averiguaciones previas son tan sumarias, que los presuntos responsables de delitos, ni la cárcel tocan, menos son enjuiciados, y si cabe, solo les aplican una fianza, aún robando con lujo de violencia. En fin; otros problemas ciertamente.
Ahora bien, otro sector que genera una alta incertidumbre respecto al manejo del dinero público, es el legislativo. Incluso corre por Internet un mensaje en video por parte del Presidente la Cámara Nacional de Comercio de Mexicali, Baja California, criticando los altos aguinaldos auto-asignados por los legisladores. Este sector concibe que dado que en ocasiones quedan remanentes presupuestales, se los pueden repartir como si ellos fuesen los socios de una sociedad mercantil y no comprendan que solo son representantes de los verdaderos socios que somos los mexicanos. Por lo tanto, incluso desde mi óptica, a un Congreso se le debería asignar por Ley, emolumentos por los tres años que dura su encargo, con posibilidades de aumento respecto inflación únicamente. Para el caso del Senado, un esquema similar podría aplicarse. De esa manera, podríamos empezar al menos en el costo de “mano de obra” a preveer hacia 3 o incluso 6 años, el costo para la operación económica llamada México para esta empresa que es de todos nosotros… ¿cómo ven?
Al final, lo cierto es que la cuestión salarial siempre será criticable cuando se compara entre gobiernos y el sector privado; sin embargo, me parece que en el entorno actual donde la gente día a día se da cuenta de que no hay partido político que garantice ser gobierno eficaz para sus intereses, es precisamente tarea de los partidos hacia sus representantes legislativos, delinear y negociar reglas más claras para efectos de ser convincentes respecto los emolumentos que reciben las autoridades, donde si bien no se trastoquen elementos fundamentales como la autonomía de los poderes (ejecutivo-legislativo-judicial), si nos permitan a los ciudadanos percibir de mejor manera que la asignación de sueldos es justa, o cercano a ese concepto y que realmente haya sanciones en contra de quien incumple, al menos de manera clara, su función.
¡Sin más por el momento, les envío un saludo!
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